El documento establece las obligaciones del personal de seguridad privada en relación con las fuerzas de seguridad pública y la protección de pruebas. Entre estas obligaciones se encuentran: auxiliar a las fuerzas de seguridad pública, comunicar cualquier información relevante para la seguridad ciudadana, evitar la comisión de delitos, y poner a disposición de las fuerzas de seguridad cualquier instrumento, efecto o prueba de un delito bajo su custodia.
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